El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se despidió de México con una última petición al Gobierno federal a entregar toda la información del caso Ayotzinapa e incorporarla a la investigación, para esclarecer la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero, hace casi nueve años.
Al concluir este 31 de julio su labor de asistencia técnica en el caso, el GIEI publicó un mensaje final que tituló ‘Hoy es todavía’, en el que recalcó que la Federación le entregó información parcial de los hechos.
Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje. El amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, es ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos: @GIEIAYOTZINAPA pic.twitter.com/W6wHJfdlrL
— GIEI Ayotzinapa (@GIEIAYOTZINAPA) July 31, 2023
El GIEI también advirtió que la Unidad Especial encargada de investigar el caso Ayotzinapa recibió presiones para actuar a favor o en contra de personas involucradas, que la llevaron a experimentar un ‘traumatismo’.
‘La documentación entregada a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes’, insistió.
La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el Ejército y la Marina hayan bloqueado la información oficial sobre el caso Ayotzinapa, como lo indicó el GIEI en su último informe.
El presidente @lopezobrador_ negó que @SEMAR_mx y @SEDENAmx no estén colaborando para llegar al fondo del caso #Ayotzinapa @Notimex @Notimex_TV #Mañanera #AMLO #RedAMLO #Ayotzinapa pic.twitter.com/w4NTtV4eUC
— Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) July 27, 2023
El GIE señaló que la investigación ha llevado a la detención el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a dos generales y 20 miembros del Ejército, así como a más de 100 miembros del crimen organizado, fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado.
‘Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas’, añadieron.
El Grupo, que elaboró cuatro informes del caso, resaltó que nunca realizó valoraciones políticas, tampoco manifestó opiniones personales ni dejó que las discusiones políticas en México condicionaran su autonomía e independencia.
‘Sino que ha proporcionado análisis en base a las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional’, agregó.
‘El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como este y el conjunto de otros muchos casos en México, suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad’.
(Con información de Reforma)
