Una década después del lanzamiento de la Guía Alimentaria, los alimentos ultraprocesados continúan sin regularse.

Las regulaciones prohíben el uso de estos productos en las comidas escolares, pero mientras otros países avanzan, faltan políticas públicas federales garantizadas por ley.

Una década separa al Brasil de 2014 del país actual. Durante este período, cuatro presidentes pasaron por el Palacio do Planalto, cada uno con políticas más o menos favorables a la seguridad alimentaria y nutricional. Pero, aunque las recomendaciones de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, publicada ese año por el Ministerio de Salud, se mantuvieron vigentes, hasta ahora no se han traducido ampliamente en políticas públicas. Empezando por la falta de regulación federal de los alimentos ultraprocesados.

“La Guía es un inductor de políticas de seguridad alimentaria y nutricional, y otras que pueden impactar directa o indirectamente la garantía del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada”, sostiene la investigadora Patrícia Jaime, subdirectora de la Facultad de Salud Pública de la USP y científica coordinadora del Centro de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud (Nupens). Coautora de la Guía Alimentaria, coordinó el sector de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud entre 2011 y 2014.

Uno de los principales avances impulsados a raíz de la Guía fue limitar la compra de alimentos ultraprocesados con recursos del Programa Nacional de Alimentación Escolar (Pnae), prohibiendo las bebidas azucaradas y otros productos en el menú de las escuelas públicas. La directriz consiste en una resolución 2020 del Fondo Nacional de Desarrollo Educativo (FNDE).

“La resolución se basa en la Guía de Alimentos y amplió la lista de alimentos restringidos para su adquisición con recursos federales, especialmente alimentos ultraprocesados, y permitió la adquisición de productos de la agricultura familiar sin licitación. El simple hecho de tener el término ‘ultraprocesados’ en un proceso legislativo es un efecto directo de nuestra Guía”, dice Patrícia.

Otras acciones recientes fueron una decreto firmado por el presidente Lula en diciembre de 2023, que proporciona directrices para promover una alimentación adecuada y saludable en el entorno escolar, y el decreto que regula la composición de la nueva canasta básica de alimentos, ahora sin alimentos ultraprocesados. Según el investigador, la mayoría de los avances observados ocurrieron cuando había un escenario más progresista en el gobierno federal.

“En momentos de aumento de derechos, fueron los servidores públicos que ocupaban cargos técnicos en alimentación y nutrición quienes jugaron un papel importante para continuar con el desafío de implementar la Guía, aún con la pérdida de prioridad política”, destaca.

Sin embargo, los avances no fueron significativos en políticas regulatorias, como la reforma tributaria. Hasta el momento, el texto analizado por el Senado prevé gravar las bebidas azucaradas, pero dejó fuera del impuesto selectivo a otros alimentos ultraprocesados. Los fideos instantáneos, el pan de molde, las pizzas, los snacks y las comidas congeladas, por ejemplo, podrán incluirse en la tarifa reducida de la canasta básica de alimentos, lo que debería facilitar la permanencia en la dieta de las familias de bajos ingresos.