Diputados posponen el abordaje de la extorsión y advierten sobre un problema estructural.
Durante los primeros 10 meses de la presente legislatura, diputados del PAN, PT y Morena presentaron cuatro propuestas con el objetivo de establecer un marco legal nacional que sancione con penas más severas el delito de extorsión, conocido comúnmente como “cobro de derecho de piso”.
A pesar de las alertas emitidas por los proponentes sobre el notable aumento de la extorsión en México, la cual representa un “problema estructural”, las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia se centraron exclusivamente en dictaminar los proyectos de decreto del Ejecutivo Federal.
El análisis de Acción Nacional, descrito por Héctor Saúl Téllez, señaló que según datos de la Coparmex en 2023, el delito de extorsión aumentó un 48% durante los 53 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comparado con el mismo periodo del mandato de Enrique Peña Nieto.
El diputado Héctor Saúl Téllez propuso el 11 de diciembre que se incluyera, dentro de las facultades del Congreso, la creación de leyes en materia de extorsión, modificando el artículo 73 de la Constitución.
SIN ACCESO A BENEFICIOS
Equiparando este delito con el de secuestro, feminicidio, homicidio doloso múltiple y desaparición forzada, el diputado Ricardo Mejía Berdeja del PT, solicitó el 19 de marzo la necesidad de prohibir por ley a los extorsionadores el acceso a beneficios tales como la libertad anticipada, la reducción de penas o la prisión domiciliaria, destacando que estos “son un factor clave en la reincidencia de criminales de alto impacto”.
En anteriores ocasiones, el exsubsecretario federal de Seguridad había propuesto el 11 de febrero actualizar el tipo penal que se detalla en el artículo 390 del Código Penal Federal, creado en 1984, argumentando que se había vuelto obsoleto para abordar esta actividad criminal que utiliza diversas formas para obtener recursos ilícitos, aumentando la inseguridad en el país.
Mejía Berdeja señaló que en 2024, la tasa de prevalencia delictiva de la extorsión ascendió a 23,323 víctimas por cada 100,000 habitantes, cifra considerablemente superior a la de 2022, que era de 5,213 por cada 100,000 habitantes.
La extorsión es un delito con una impunidad cercana al 100% en la mayoría de los casos. La intervención de las autoridades se activa mayormente tras una denuncia formal”, añadió en su propuesta.
MECANISMO DE CONTROL
El 20 de junio, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, propuso adicionar un inciso al artículo 73, para otorgar al Congreso la capacidad de crear una ley general en materia de extorsión, orientando así a los 32 parlamentos estatales sobre cómo regular el castigo de este delito.
Con esto, el diputado reconoció la gravedad del problema:
La extorsión es un delito que impacta a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia. Desde grandes empresarios hasta amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y productores agrícolas pueden ser víctimas de este delito que se ha vuelto un problema estructural.
El exsenador y exgobernador de Zacatecas calificó el efecto de esta conducta delictiva como “profundo y pluriofensivo”.
Señaló que la extorsión afecta el patrimonio de las personas al forzarlas a pagar sumas de dinero bajo amenaza. “También genera presión psicológica en las víctimas, quienes viven con miedo de sufrir agresiones físicas o que sus seres queridos enfrenten represalias”.
INTEGRARÁN PROPUESTAS
Por lo tanto, como establecen los procedimientos del Congreso mexicano, estas propuestas se considerarán al analizar el proyecto de reforma constitucional en este ámbito promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Iniciada el 1 de septiembre pasado, la actual 66 legislatura concluyó su primer año legislativo el 30 de abril, durante el cual se presentaron en la Cámara de San Lázaro la iniciativa del diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) y dos propuestas de Ricardo Mejía Berdeja (PT).
Respecto al jefe de la mayoría de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, su propuesta se registró ante la Comisión Permanente, que es el espacio del Congreso cuando las cámaras se encuentran en receso.
El hecho de que la principal fuerza opositora ya hubiera planteado la reforma a la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general contra la extorsión, plantea un panorama de consenso en este cambio.
Así se ha manifestado en sus declaraciones el líder de la mayoría en San Lázaro, resaltando, además, que la propuesta presidencial establece que la extorsión será perseguida de oficio, sin depender de la voluntad de la víctima.
PROPUESTAS EN EL TINTERO
- El 11 de diciembre, el diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, propuso incluir dentro de las facultades del Congreso la de expedir leyes en materia de extorsión, modificando el artículo 73 de la Constitución.
- El 11 de febrero, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, planteó actualizar el tipo penal que se menciona en el artículo 390 del Código Penal Federal, creado en 1984, argumentando que se ha vuelto obsoleto.
- El 19 de marzo, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, sugirió que a los extorsionadores se les nieguen beneficios como la libertad anticipada o prisión domiciliaria.
- El 20 de junio de 2025, Ricardo Monreal, de Morena, propuso adicionar un inciso al artículo 73 constitucional, para que el Congreso pueda establecer una ley general en materia de extorsión.
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