La bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados realizaron una modificación anoche en San Lázaro que reduce las penas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de que las sanciones para servidores públicos que omitan denunciar y perseguir este delito no sean equivalentes a las de los extorsionadores.
Morena, el Partido Verde, el PT y MC aprobaron la ley anoche, con un total de 339 votos a favor, 100 en contra por parte del PAN y PRI, y cuatro abstenciones. Esto significa que se reducen las penas para los funcionarios que no informen al Ministerio Público sobre casos de extorsión que involucren a Personas Privadas de la Libertad (PPL) o a los que no denuncien a individuos que extorsionan desde centros penitenciarios mediante llamadas telefónicas, llegando a disminuir hasta en ocho años la pena de cárcel.
Las fracciones del PAN y el PRI votaron en contra de esta modificación, argumentando que es una “Ley Hernán (Bermúdez)”, y enfatizaron que “la extorsión no se combate con abrazos ni con balazos”, sino con penas más severas para los extorsionadores y sus cómplices.
La propuesta de enmienda fue presentada en el pleno por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. La modificación aprobada establece que la pena para los funcionarios que omitan presentar denuncias se fijará entre seis y 12 años de prisión, así como multas que van de 600 hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de hasta 330 mil 420 pesos. La versión original, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, planteaba una pena de 10 a 20 años tanto para extorsionadores como para los funcionarios incumplidos.
“Por qué propongo que se reduzca la pena de seis a 12 años en vez de mantenerla de 10 a 20 para los servidores públicos, quienes pueden ser ministerios públicos, policías o cualquier servidor público que no informe sobre una extorsión que conozca”, indicó Monreal.
“No es una indulgencia, sino un ejercicio de racionalidad punitiva. No puede ser más severa la sanción por omitir que por la ejecución de un acto ilícito como la extorsión”, añadió Monreal Ávila.
Esta disposición beneficia a policías, agentes del Ministerio Público, jueces y personal penitenciario que no realicen denuncias, ya que podrían estar bajo amenazas de los criminales.
En la votación nocturna se mantuvieron las mismas multas para funcionarios que no actúen en casos de extorsión, comparables a las de los extorsionadores. La bancada del PAN, representada por Elías Lixa Abimerhi, propuso en lugar de disminuir las penas a funcionarios omisos, incrementar las sanciones a los extorsionadores.
“El artículo 21 no habla de informes, sino de la obligación de un funcionario público o, en caso de emergencia, de llamar a la policía. Quien no lo hace es cómplice y actúa en detrimento de la sociedad”, afirmó.
“No es bajando las penas a los cómplices del gobierno, sino aumentando las penas a los extorsionadores”, añadió Lixa.
Una vez aprobadas las modificaciones, el documento fue enviado a la Cámara de Senadores para su revisión y posible aprobación.
UNANIMIDAD EN LO GENERAL
Previo a esto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime, con 456 votos de todos los grupos parlamentarios, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que busca homogeneizar el tipo penal y las penas en todas las entidades del país.
Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 8,585 víctimas de extorsión, la cifra más alta en los últimos diez años, según estadísticas oficiales.
Con esta nueva ley, el delito de extorsión será perseguido de oficio y no prescribirá; se sancionará con penas de seis a 15 años de cárcel, con la posibilidad de incrementarse hasta 25 años si se consideran agravantes, de las cuales se han definido 34 en tres categorías.
Por lo tanto, no será necesaria una denuncia para que las autoridades inicien dicha investigación. Se busca erradicar la cifra negra, dado que se estima que hasta el 98% de los casos no son reportados a las autoridades.
El dictamen aprobado incluyó la propuesta presidencial de establecer un tipo penal único en todo el país, con penas homologadas de seis a 15 años de prisión y multas que van de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en el presente año corresponde a un monto de entre 11 mil 314 y 56 mil 570 pesos.
Incurrirá en el delito de extorsión quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio para sí o para otro, o causando a alguien un daño patrimonial, moral, físico o psicológico”.
“Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el Congreso no solo discute leyes, sino que responde a los problemas reales de la sociedad”, afirmó el diputado Julio César Moreno de Morena.
Además, se contempla que las Unidades Antisecuestro se encargarán de investigar los casos de extorsión y se establecerá un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El número único 089 atenderá todas las cuestiones relacionadas con el delito de extorsión.
DESTACA INSTRUMENTO PARA ATACAR EL CRIMEN
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso tiene como objetivo combatir con firmeza el delito de extorsión que se presenta en todo el país, aseguró el diputado Ricardo Monreal a través de sus redes sociales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que esta ley general permitirá que se aplique en cualquier lugar, sin importar el territorio, ya que su implementación será universal.
“Con esta iniciativa se pretende combatir con toda fuerza jurídica el fenómeno de la extorsión en el país”, puntualizó en un mensaje en video.
Monreal destacó la importancia de esta ley, que permitirá, a través de denuncias anónimas al 089, activar todo el sistema de justicia en contra de quienes cometen este delito, incluso en las regiones más alejadas.
“Esta norma permitirá que el Estado persiga de oficio este delito y reciba denuncias de manera anónima, protegiendo así la identidad de las víctimas”, concluyó en un mensaje posterior.
MATIZAN SANCIÓN: La modificación que se aprobó redujo la sanción para los funcionarios cómplices de los extorsionadores, que inicialmente variaba entre 10 y 20 años de prisión.
-Héctor Figueroa
cva
