Bloquean proyectos estratégicos de la 4T; el gobierno recurre a los tribunales
Durante los primeros nueve meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, la Consejería Jurídica de la Presidencia ha manejado más de 4 mil litigios para proteger lo que considera el interés público.
De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno, entre octubre de 2024 y junio de 2025 se lograron “resultados favorables”, destacando la defensa jurídica de diversos proyectos estratégicos, como las obras del Tren Maya, la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, la prohibición del vapeo, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y la designación de magistrados.
Los casos legales gestionados por el gobierno incluyen controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo, civiles, agrarios, laborales, administrativos, electorales y penales, sumando un total de 4 mil 72 casos, según la sección Acciones Legales para Defender el Interés Público.
El tipo de recurso más requerido por la Consejería es el juicio de amparo, con 2 mil 580 casos, seguido por juicios agrarios con 732 y juicios civiles con 385. Además, se han atendido 116 controversias constitucionales.
En relación al Tren Maya, se logró asegurar la continuidad del proyecto en todos sus tramos, “defendiendo exitosamente diversos amparos presentados contra su construcción”.
La Suprema Corte confirmó la facultad de la Presidencia de nombrar a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estableciendo jurisprudencia obligatoria que respalda la constitucionalidad de esos nombramientos”, informa sobre los recursos interpuestos respecto a estas designaciones.
El informe señala dos decisiones favorables al gobierno federal: la Acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, donde el 5 de noviembre de 2024 se desestimó la acción presentada por partidos de oposición que pedían declarar inválida la reforma.
También, las controversias constitucionales 286/2024, 299/2024 y 300/2024, en las que se decretó el sobreseimiento de los conflictos presentados por el estado de Guanajuato y varios municipios de Oaxaca, al ser promulgada la reforma que establece la inimpugnabilidad de las adiciones a la Constitución.
EN EL CONGRESO
El Primer Informe enumera sus acciones para transformar jurídicamente la Administración Pública Federal.
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, se presentaron ante el Congreso de la Unión 43 iniciativas, de las cuales seis son reformas constitucionales y 37 modificaciones a leyes reglamentarias.
De este total, 40 fueron aprobadas y 30 ya se han publicado en el DOF. Dos están en proceso legislativo y una fue retirada debido a presiones de la CNTE (la reforma a la Ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025).
Entre las más destacadas se encuentran la de igualdad sustantiva, la reforma energética, el fin de la reelección y el nepotismo electoral, la seguridad social para trabajadores de aplicaciones móviles y la ley federal contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También, se incluyen la ley contra la desaparición forzada, junto con la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Agencia de Transformación Digital.
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